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MUNDO NATURAL

martes, 19 de marzo de 2013

Problemática pesquera en el Perú


La realidad suele colocar a los gobernantes frente a problemas cuya solución es definitoria de posiciones. El problema de la pesquería peruana es uno de esos casos. Si el actual Gobierno cometió un grave error con el retiro del equipo de Burneo del Viceministerio de Pesquería, primero, y del equipo de Majluf, después, lo práctico políticamente es rectificarlo, pues no hay nada que desfigure más la imagen de los gobernantes que empecinarse en el error. Más aún si este error significa el descuido de la deuda multimillonaria de una industria que hace años debió haber rendido cuentas a la Nación.
El desconocimiento del sector pesquero es abrumador, y la gran prensa se ocupa de no enterar a una sociedad que vive de espaldas al mar, indiferente a la problemática pesquera, de cuya solución depende en gran medida la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen a quien los explota sino a su dueño, que en el caso de los recursos marinos somos todos los ciudadanos y no un oligopolio privilegiado. De la correcta gestión de tales recursos depende el futuro del ecosistema marino y la adecuada nutrición de millones de peruanos.
Antecedentes
El sector pesquero peruano se ha caracterizado por su enfoque monoespecífico, centrado en la extracción de anchoveta para su reducción en harina de pescado, destinada a la fabricación de alimento para cerdos, aves y peces de Europa y Asia. El impacto sobre el ecosistema marino y sobre el medio no ha sido cuantificado, y el tangible no ha sido reparado. El choque socioeconómico generado por la renta que el Estado deja de percibir por derechos de pesca, impuesto a la renta y royalties tampoco ha sido cuantificado.
En los últimos 13 años, 87 mil millones de kilos de anchoveta han sido convertidos en 20 mil millones de kilos de harina de pescado (revista Pesca) destinados a la industria de alimentación animal, mientras que los niveles de desnutrición crónica en el país crecen de modo alarmante. La industria harinera ha facturado US$ 15,167’240.000 y ha pagado al Estado, como impuesto a la renta, US$ 201’076.390. El porcentaje de participación del sector pesquero en el PBI resulta ínfimo (0,34%), según datos del BCR, para un país que se ufana de poseer la pesquería más rica del planeta; y aunque el sector sigue siendo el segundo gran generador de divisas en el país (S/.1.884’000.000), su contribución a la generación de mano de obra (260.000 mil puestos de trabajo directos e indirectos) no es proporcional a la magnitud del negocio pesquero.
Resulta ofensivo que por cada tonelada de harina de pescado que se exporta (1.600 US$/TM), los empresarios pesqueros dejen tan solo US$3 como canon, que se transfiere a los beneficiarios directos tarde, mal o nunca. Resulta más ofensivo aún que ni siquiera un mínimo porcentaje de este pescado haya servido para alimentar a nuestro pueblo, mientras que el propio Estado abdicó de su función de control y vigilancia de las descargas pesqueras para delegar esta tarea fiscalizadora a las famosas “certificadoras”, financiadas por los propios empresarios sancionados por defraudar en las descargas, evadir impuestos y depredar una biomasa marina que pertenece a todos los peruanos.
El papel del Imarpe y del Viceministerio de Pesquería
En este lamentable contexto, el papel del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) resulta clave por ser la institución que dice cómo, cuándo y cuánto pescar. Si no se respeta la opinión científica del Imarpe por privilegiar intereses particulares, entonces seguiremos el derrotero de la depredación, el abuso y la impunidad. Tras una dilatada gestión de 15 años, corrieron los vientos del cambio en el Imarpe y el Viceministerio de Pesquería. Aparentemente. Digo esto porque el ‘gatopardismo’ de quienes manejan el statu quo de la pesquería peruana admiraría al propio Lampedusa. Mientras no se realice una auditoría científica a los estudios realizados por el Imarpe y a toda la gestión durante los últimos 15 años, solo se cambiará algo para que todo siga igual, como noveló el solitario Lampedusa. Si ya de por sí el Viceministerio de Pesquería es un organismo subalterno, las graves denuncias de Kurt Burneo acerca de los repulsivos niveles de corrupción de los funcionarios de este organismo rector tornan aún más peligroso el asunto pesquero.
En la actualidad resulta innegable la merma de las poblaciones de peces e invertebrados, sobre todo los recursos costeros. No es exagerado afirmar que la sardina ha sido extinguida comercialmente, que la población de merluza es residual y ha sido revejida por la sobreexplotación e irresponsabilidad del propio Estado. ¿Dónde estaba la palabra del Imarpe entonces? ¿Quiénes eran los responsables de los estudios de merluza y sardina? ¿Quiénes dijeron que había 500 mil toneladas de merluza y luego se retractaron? ¿Quiénes otorgaban las cuotas de pesca? ¿Qué dicen ahora esos gatopardos travestidos de científicos o de funcionarios encanecidos en el Ministerio?
Las estadísticas de capturas registradas por el Imarpe han mostrado una notoria pendiente negativa de casi todas las especies, clara evidencia de la pesca depredatoria y el deterioro del medio. Esto constituye testimonio flagrante de que las investigaciones y las medidas de manejo propuestas por el Imarpe no se han dado o, peor aún, no se han cumplido. El crecimiento desmesurado del esfuerzo pesquero industrial; la pesca dentro de las 5 millas por parte de esa misma flota industrial o por la flota “vikinga”; la pesca de juveniles y de especies de consumo humano directo para convertirlas en harina, así como la continuidad de la “pesca negra”, han sido devastadoras para la mayoría de especies que sustentan la que es considerada como la pesquería más rica del planeta.
A este desorden se suma la famosa Ley de Cuotas Individuales de Pesca (DL 1084-2008), cuya maternidad se atribuye al miembro del Opus Dei y Ministro de casi todo durante el aprismo, Rafael Rey. Mediante esta siniestra ley —que Rey metió ‘al guerrazo’ como parte de los decretos del TLC, con apoyo expreso de Alan García— se lotiza la biomasa de anchoveta y el propio mar peruano y se conceden a ciertas empresas cuotas de captura perpetuas basándose en registros y en su capacidad de bodega, lo que evidentemente favorece a los malcriados del sector. Esto ha ocasionado la reconcentración de la propiedad de derechos de pesca, de barcos y plantas de procesamiento, de forma tal que en la actualidad siete empresas capturan más del 70% del total de pesca, con el agravante de que las empresas de esta argolla pueden ser vendidas a terceros, cuota incluida. Un auténtico oligopolio impuesto desde el Estado para eliminar la pregonada competencia inherente al sistema neoliberal que el propio Estado santifica mediante la “Constitución” de 1993.
A mar revuelto, ¿ganancia de pescadores?
Ante tal desbarajuste, el pueblo peruano ni se entera de las luchas intestinas dentro de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). La SNP ha expulsado públicamente de su seno a la empresa Exalmar. La acusa de procesar sistemáticamente anchoveta procedente de pesca ilegal. Exalmar ha devuelto la estocada imputando a Tecnológica de Alimentos (Tasa) y otras como compradoras de pesca negra de los barcos de Oscar Peña, el denominado Rey de la Pesca Negra. Pocos se acuerdan de que la SNP calló todos los años que duró el proceso por narcotráfico a Hayduk. Durante todo este tiempo, Hayduk permaneció cobijada bajo el seno de la SNP.
Si éste es el espíritu que anima a la SNP, un gremio que se ufana de pesca responsable y ordenamiento pesquero, ¿cómo será su comportamiento frente a la riqueza marina cuya pesquería es controlada por certificadoras pagadas por ellos mismos? De continuar estas reyertas, la SNP se quedará sin agremiados y, ya se sabe, cuando los ladrones pelean, gana la gente honesta. Ya es hora de que el Perú sepa que estas riñas entre los tiburones de la pesquería ocurren por las codiciadas cuotas de pesca, de las que tan solo el 1% significa la friolera de 100 millones de dólares.
Por eso, es de justicia la inmediata revisión de las cifras y procedimientos de una política pesquera lesiva a los intereses del país.

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